GARA, 25/10/01

Gestoras afirma que Ibarretxe tiene tanta responsabilidad en la tortura como Aznar

«La Ertzaintza aplica la legislación antiterrorista porque hay voluntad para ello», señala

A lo largo de este año, 79 ciudadanos vascos han formulado denuncias judiciales por las torturas que sufrieron en dependen- cias judiciales de la Guardia Civil (44), de la Policía española (17) y de la Ertzaintza (18) mientras permanecieron detenidos bajo la aplicación de la «legislación antiterrorista». En base a estos datos, representantes de Gestoras pro-Amnistía subrayaron que la tortura «no es un hecho aislado ni excepcional, lo excepcional es conseguir pruebas» como las fotografías del cuerpo de Iratxe Sorzabal con las huellas de los electrodos facilitadas al TAT por el juez que instruye la denuncia.

Jean François Lefort, representante de Koordinaketa, y los responsables de Gestoras pro-Amnistía Josu Beaumont, Maite Díaz de Heredia y Juan Mari Olano denunciaron ayer en rueda de prensa la impunidad que otorga la «legislación antiterrorista» a la tortura, una práctica «impulsada por el poder ejecutivo en contra de Euskal Herria» y ante la que los jueces de la Audiencia Nacional «se hacen los sordos e incluso se niegan a oir el relato de los torturados que pasan ante ellos», algunos de ellos entregados por París.

Recordaron que las demandas instando a la abolición de esa normativa formuladas por organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Comité para la Prevención de la Tortura no han tenido efecto en el Ejecutivo de Aznar, «pero tampoco en el de Ibarretxe».

No albergaron dudas al señalar que «si la Ertzaintza aplica la legislación antiterrorista es porque PNV, EA e IU-EB tienen voluntad política para ello».

«Si el Gobierno tripartito está realmente en contra de la tortura y a favor de que se respeten los derechos de los detenidos, lo único que debe hacer es no aplicar la legislación antiterrorista», subrayó Juan Mari Olano, al tiempo que aseguró que «mientras la Ertzaintza siga aplicándola no vamos a creer que están contra la tortura».

Extendió la misma reflexión a los sindicatos UGT, CCOO, ErNE y ELA, porque «aunque saben que se tortura, sus afiliados aplican la legislación antiterrorista para interrogar a los detenidos de manera ilegal», señaló.

Subrayó, así, que «no es suficiente con decir que se está en contra de la tortura. Hay que impulsar un sistema de garantías que haga imposible la tortura».

Recordó, en este sentido, las manifestaciones de Rafa Larreina (EA) anunciando una querella si se confirmaban las denuncias de torturas realizadas por jóvenes gasteiztarras y las de Xabier Arzalluz y Joseba Azkarraga tras la divulgación de las fotografías de Sorzabal. «¿Su testimonio, el informe médico y las imágenes no son pruebas suficientes? ¿Necesitan otra Gurutze Iantzi u otro Joseba Arregi?», preguntó.

Los representantes del movimiento pro-amnistía denunciaron el tratamiento informativo otorgado al informe de Sorzabal y echaron en falta la intervención de la Iglesia. «¿Qué hacen los obispos de Euskal Herria contra la tortura?», plantearon.

Consideraron, además, que la aplicación del informe Watson, que aboga por un espacio judicial y policial común en la UE, no contribuye a erradicar la tortura y los malos tratos.

Reuniones los días 5 y 6

A.B. | DONOSTIA

Gestoras pro-Amnistía se reunirá los próximos 5 y 6 de noviembre con los partidos políticos, organizaciones sindicales y representantes de los movimientos populares de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia que respondan a la invitación cursada ayer mismo para analizar entre todos las medidas a adoptar para que «la tortura se convierta en una práctica imposible de llevar a cabo».

Esta ronda, que Koordinaketa ya ha iniciado con los distintos agentes políticos, sociales y sindicales que desarrollan su labor en Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea, también tendrá concreción en los pueblos de Euskal Herria.

Maite Díaz de Heredia explicó que el encuentro con los partidos está fijado para el 5 de noviembre, mientras que el día 6 tienen previsto reunirse con los sindicatos por la mañana y con las organizaciones sociales y populares por la tarde.